El Gobierno nacional anunció la reapertura de la Sala de Prensa de la Casa Rosada para el próximo lunes 4 de mayo tras permanecer clausurada desde el pasado 23 de abril. Esta decisión responde a la intensa presión ejercida por gremios y organismos internacionales que calificaron la restricción como un hecho autoritario sin precedentes desde el retorno de la democracia.

La restitución del acceso coincide con la primera conferencia de prensa formal de Manuel Adorni como jefe de Gabinete en un contexto judicial sumamente complejo. El funcionario enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito mientras el Ejecutivo intenta normalizar el flujo comunicacional tras el escándalo mediático que generó la prohibición a los cronistas.

Periodistas acreditados denunciaron ante el Congreso una escalada de agresiones verbales por parte del presidente Javier Milei quien recientemente tildó de corruptos a los comunicadores. Los trabajadores de prensa señalaron que estos ataques sistemáticos buscan desviar la atención de la crisis económica y evitar investigaciones profundas sobre la gestión de los funcionarios.

La Conferencia Episcopal Argentina se sumó al rechazo mediante un comunicado que condenó la violencia discursiva y exigió erradicar los mensajes de odio gubernamentales. El arzobispo Jorge Lozano enfatizó la importancia de la labor periodística en la sede ejecutiva la cual funciona de manera casi ininterrumpida desde la década de 1940.

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Durante una reunión en la comisión de Libertad de Expresión se expuso que el setenta por ciento de los periodistas percibe salarios por debajo de la línea de pobreza. Los afectados remarcaron que estar destinados en la Casa de Gobierno no es un privilegio sino un derecho esencial para que la ciudadanía conozca las actividades oficiales.

Finalmente la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH instó al Estado argentino a revisar sus medidas restrictivas contra los medios de comunicación locales. La reapertura de la sala representa una victoria para los amparos judiciales presentados por diversos sindicatos que defienden el estatuto profesional frente a los intentos oficiales por desregularlo.

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